El señor Ollanta Humala está enfrentando, como cabeza del Poder Ejecutivo una enorme crisis cuyos puntos más calientes se encuentran en Cajamarca y Cusco. En ambos casos se trata de problemas con una aparente raíz común: la actividad minera. Y digo aparente, porque en realidad la actividad minera no es el fondo del asunto, pues, la cuestión inicial de todo esto es la poca capacidad del Estado Peruano de cumplir con sus obligaciones.

No temo exagerar cuando digo que es el Estado completo, englobando al Poder Legislativo y el Judicial, también, no sólo al Ejecutivo, los que han dado origen a este enorme problema que no es nuevo, además, pues, de antaño es que los tres poderes del Estado cumplan mal o tarde, sino es que incumplen totalmente con la obligaciones que las distintas Constituciones –socialistas, liberales, modernas, caducas, etc. – le han impuesto, trasladándolas, de uno u otro modo, a otros actores de la vida social, política y económica.

En el caso concreto de las empresas mineras, el Estado, ante su incapacidad de poder llevar su presencia en forma de colegios, hospitales (sólo por mencionar lo más básico) a todo el país, ha traslado, prácticamente esa obligación para con ciertas zonas a estas empresas cuando se establecen en esas ciertas zonas, como si estas fueran organizaciones llamadas a cumplir roles sociales cuando en última cuenta son simplemente empresas que deben, como cualquiera, cumplir con una serie de obligaciones impuestas por ley, además de unas cuantas que le son propias a la actividad extractiva como el canon. Pero, como empresa que son, lo que buscan es utilidad máxima, la mayor rentabilidad posible, en buena cuenta, ganancia, como cualquier otra, desde las más grandes hasta la bodega de la esquina. SI alguien quisiera hacer obra social, pues, pondría una ONG, organizaría teletones o colectas y ejecutaría aquello que es su finalidad. Pero si uno pone una empresa es porque quiere ganar dinero.

Podríamos decir que el Estado peruano es pobre y que no le alcanza el dinero para poder cubrir las necesidad mínimas o básicas del país, pero, eso no es del todo cierto si revisamos la historia plagada de tratos mal cerrados y peor ejecutados, de descarados robos o simplemente pésimos manejos de la caja fiscal que han llevado al Estado a una situación de supuesta mendicidad. Pero, menos sostenible es ahora esa afirmación si durante los últimos años nos han venido cantando la canción de los buenos números macro económicos y la maravilla que es el país habiendo podido afrontar una crisis que se ha traído abajo algunas ciertas economías “fuertes” del mundo. Entonces, pues, el Estado no es que no tenga capacidad, la tiene, limitada, tal vez, pero la tiene y esa capacidad debe ser usada para cubrir las necesidades de la población. Esa es su función, no la de una empresa o un sector empresarial.

Alguien podría decirme que las empresas mineras se llevan la riqueza del país. Pues, sí, se la llevan, pero sobre todo porque el Estado se lo permite, desde el Ejecutivo con unas concesiones permisivas, el Legislativo con leyes que no protegen esa riqueza y que sirvan de marco para que el Ejecutivo no pueda ceder la mano con sus concesiones y, por supuesto, el peor de todos, el Poder Judicial del que se echa mano sólo cuando conviene a ciertos intereses que no son, casi nunca, los del pueblo.

Pero, el que las empresas mineras puedan y, en efecto, sean tan rentables no las obliga a más allá de lo que la ley establece (buena o mala, viviendo o intentando vivir en un estado de derecho, la ley impera por sobre todos). En simple, una empresa que cumple con sus obligaciones tributarias y con no destruir o alterar de forma irreparable el medio ambiente, de no chocar contra los pueblos cercanos en donde se realiza la actividad extractiva, es una empresa que debería poder continuar con sus actividades. Eso hace que la empresa sepa con qué reglas se debe jugar y bajo la advertencia de que si comete falta será sancionado. Lo mismo, el pueblo. Pero, claro, la empresa no cumple, el pueblo le exige, el Estado, quien debería verificar que la ley se cumpla, tampoco cumple, siquiera, con esta parte de su tarea y todo termina en lo que estamos viendo todos los días por televisión, así de lejitos no más.

Y sí, de lejitos no más, pero con toda la autoridad para opinar, desde la comodidad de Lima y sus grandes centros comerciales con huachafísimos nombres hechos con un manual de gramática inglesa que allá no saben nada, que son ignorantes que no saben leer ni escribir (y quizás no sepan pues, no tuvieron ni tienen colegios donde estudiar, porque el Estado no se los puso y si se los puso, lo ha hecho de mala gana), manipulados por un puñado de “exctremistas” (si no viviera en Lima, si no tuviera acceso a la educación, si no viera todos los días publicidad de un país con dinero pero sin la posibilidad de acceder a esos productos, pues, yo también sería un extremista), que protestas por vainas como la ecología y la contaminación (después de todo, si mueren envenenados serán algunos cholos rojos menos, no, porque a ver dónde se harán atender si no tienen más que una posta con tres curitas y medio frasco de alcohol) en lugar de pensar en los beneficios –económicos– que trae al minería –para Lima y una que otra ciudad y, por supuesto, para el bolsillo de pocos, muy pocos–.

El problema ahora es muy grave, claro, pues el pueblo reclama a quien debe reclamar, al Estado, el Estado no le hace caso y el pueblo, como me parece lógico, reacciona y comienza a tomar medidas de fuerza que cada vez son más fuertes hasta que de tan fuertes se vuelven radicales y sale un "cachaco", o bueno, "ex cachacos" a señalarlos de "extremistas" (dejaré de lado la irónica situación esta de haber llegado al poder gracias a un discurso "extremista" ante un pueblo "extremista" para terminar siendo tan pero tan conservador que llegue a mirarse casi con desprecio a esos "extremistas") y el pueblo, que sigue sin ser escuchado -además de burlado-, seguirá con sus medidas de fuerza para reclamar, ahora a diestra y siniestra, lo que por derecho le corresponde: calidad de vida a la altura de un país que, según cierto señor, está entrando por la puerta grande al primer mundo.

Para terminar debo decir que la culpa no sólo es del Estado, sino que esta se extiende a las autoridades de cada región y su poca capacidad para administrar el dinero que recaudan de modo que realmente beneficie a su comunidad en lugar de hacer ciertas obras populistas o innecesarias, como monumentos o palacios municipales churriguerescamente kitch. Es decir, la culpa es de toda autoridad legítimamente elegida o no, por no cumplir con su rol de redistribución de la riqueza trasladando sus obligaciones a quienes no deben tenerlas y no la cumplirán como corresponde porque no está en su naturaleza misma hacerlo.

Claro que nada de esto justifica la violencia, ni de parte de la gente que protesta y reclama ni, mucho menos, de parte del Estado a través de la eterna carne de cañón: la Policía Nacional.